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Comunicado a la opinión pública, caso EMCALI

ANTECEDENTES DEL PROCESO PENAL QUE INJUSTAMENTE GOLPEÓ A PARQUESOFT

El 11 de agosto de 2006, el abogado Jaime Lombana Villalba aduciendo que actuaba en defensa de los intereses de la ciudad de Cali, instauró una denuncia ante el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, en contra de la Superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, el gerente interventor de Emcali, Carlos Alfonso Potes y el representante legal de la FUNDACIÓN  PARQUESOFT, Orlando Rincón Bonilla.

De acuerdo a la denuncia, los antes mencionados habrían incurrido en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros,  interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos que motivaron la denuncia están relacionados con el contrato suscrito entre las Empresas Municipales de Cali, Emcali, y la FUNDACIÓN  PARQUESOFT para la implementación de la Plataforma Tecnológica Integral, PTI, que le permitiría a la entidad modernizar y optimizar la operación de sus negocios, por un valor de $63.000 millones.

El denunciante argumentaba entre otras presuntas irregularidades, la modificación ilegal del Estatuto de Contratación de Emcali, la simulación de la necesidad de implementar la PTI, la adjudicación directa del contrato que debió hacerse mediante licitación pública, la subcontratación con empresas que aparentemente eran propiedad del Ingeniero Orlando Rincón Bonilla.

EL CONTRATO ENTRE EMCALI Y PARQUESOFT

El contrato que  tiene 12 componentes, comenzó a ejecutarse en abril de 2005, y tenía como fin implementar un nuevo modelo en tecnologías de la información para ser más eficientes los sistemas de comunicación, facturación,  y operaciones administrativas y financieras de los  negocios de la entidad, entre otras.

La ejecución del contrato finalizó en el año 2010, convirtiendo a Emcali, en la Empresa de Servicios Públicos con la mejor tecnología del país, después de haber invertido tres veces menos de lo que han invertido otras empresas similares en Colombia.

Gracias a la puesta en marcha de la PTI, Emcali incrementó sus ingresos, mejoró la facturación, detectó fraudes, depuró su base de datos, unificó su factura, montó una contabilidad que ahora le permite manejar su presupuesto.

CONSECUENCIAS DEL ATAQUE CORPORATIVO A LA MARCA A TRAVÉS DE UNA FALSA DENUNCIA.

El proceso penal que se derivó de la falsa denuncia y que originó un escándalo mediático tuvo como primer  impacto el retraso en la ejecución del contrato para implementar la PTI de Emcali, generando un sobrecosto de $10.000 millones.

El segundo impacto,  producto del cuestionamiento ético, moral y legal del cual fue objeto PARQUESOFT y su presidente Orlando Rincón Bonilla, fue el cierre de  todo el mercado para la empresa, lo que significó la pérdida de  7 millones de dólares de negocios que estaban a punto de ser firmados, más 5 millones de dólares de proyectos que venían en proceso.

El cierre del mercado para PARQUESOFT, obligó el cierre de 100 empresas y dejó sin empleo a más de 800 personas.

Microsoft y otras multinacionales dejaron de hacer negocios con PARQUESOFT por los cuestionamientos y las acusaciones infundadas que originaron desinformación en los medios masivos de comunicación y en la opinión pública.

Finalmente PARQUESOFT perdió su sede principal ubicada en el sur de Cali, en donde se construyó con mucho esfuerzo durante años el Parque Tecnológico más importante del país.

DECISIÓN JUDICIAL FINAL QUE FAVORECE A PARQUESOFT

La Fiscalía 72 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá , en primera instancia, ordenó la preclusión de la investigación que se adelantaba en contra de Orlando Rincón Bonilla por el contrato firmado entre las Empresas Municipales de Cali, Emcali y la Fundación PARQUESOFT para la implementación de una Plataforma Tecnológica Integral, PTI, decisión que fue confirmada en su integridad por el fiscal 8 delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Después de cinco años, las pruebas practicadas por la fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, sirvieron como fundamento para que el Fiscal del caso, resolviera que no hubo nada ilegal en la adjudicación y ejecución del mencionado contrato.

Entre otras cosas la Fiscalía aclaró que la Ley 80 le permitía a Emcali hacer una contratación directa con PARQUESOFT para la implementación de la PTI.

También se confirmó que la tecnología con que venía trabajando Emcali antes de 2005 era obsoleta, como ya lo había advertido la Contraloría desde el año 2003.

Además la Fiscalía determinó que no se presentó sobrecostos en la compra de equipos de cómputo.

Por su parte la contraloría dentro del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por estos mismos hechos ordenó la cesación de la acción fiscal y el archivo del proceso. Decisión que fue confirmada en segunda instancia.

 
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